Un juez ordenó el lunes que el ex dictador José Efraín Ríos Montt y otro militar enfrenten un juicio en el que son acusados de genocidio por la matanza de miles de indígenas a manos del ejército a inicios de la década de los 80, cuando Guatemala era asolada por una cruenta civil.

El juez Miguel Ángel Gálvez decidió que un tribunal conozca las pruebas exhibidas contra Ríos Montt, de 86 años, lo lleve a juicio oral y público, decidan si es culpable y lo sentencie o exonere de los cargos, tras décadas en que organizaciones de víctimas de las masacres clamaron por justicia.

El ministerio Público acusa a Ríos Montt de que mientras ejercía como presidente, luego de encabezar un golpe de Estado en marzo de 1982, militares y paramilitares bajo su mando provocaron torturas, violaciones, desplazamientos y desapariciones forzosas, bombardeos, masacres y asesinato de miles de indígenas pertenecientes a la etnia Ixil.

Durante la audiencia el juez leyó varios testimonios de personas que sufrieron vejámenes, las víctimas narraron violaciones, masacres, crímenes.

Grupos de víctimas de la violencia del Estado calificaron el fallo como "histórico".

El juez también leyó un extracto de un informe de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), fechado en 1982 y desclasificado en 1998, en el cual se explicaba que el Ejército de Guatemala consideraba a la población maya ixil afín a uno de los grupos guerrilleros de entonces.

Gálvez leyó un extracto del informe de la CIA y dijo "existe la creencia bien documentada del Ejército de que la población indígena ixil en su totalidad está a favour del Ejército Guerrillero de los Pobres ha creado una situación en la que se puede esperar que el ejército no dejara sobrevivientes de igual forma entre combatientes y no combatientes" y agregó que "en ese sentido se llega a concluir de conformidad con lo indicado anteriormente, que hubo masacres y represión selectiva y represión masiva e imposición de mecanismo de control a la población".

El juez también hizo referencia a que la idea de que los ixiles pertenecían a grupos subversivos fueron soportadas por latifundistas del área, quienes creían que los ixiles eran insurgentes.

Al momento de escuchar la sentencia, el general miró hacia el techo sin lograr ocultar su contrariedad. Aunque no quiso hablar con la prensa dijo que "todo lo que diga puede ser usado en mi contra, así como lo que deje de decir".

"Hasta muy recientemente, la idea de que un general guatemalteco fuera juzgado por estos atroces crímenes parecía completamente imposible", dijo el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York. "El hecho que un juez haya ordenado el juicio de un ex jefe de estado es un avance extraordinario en un país donde la impunidad por las atrocidades del pasado ha sido la norma".

La fiscalía constató en las investigaciones la muerte de 5.271 indígenas ixiles, una etnia maya, que habitaban los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul del departamento de Quiché. De estos, según los acusadores, 1.771 murieron en 15 masacres perpetradas por militares entre 1982 y 1983. Solo 370 de las víctimas ha podido ser identificadas.

El fiscal Orlando López dijo durante las audiencias que Ríos Montt tenía la intención de eliminar a dicha etnia por considerar que era un bastión de las guerrillas contras las cuales el ejército libraba una guerra interna.

"Durante el periodo en que usted ejerció el cargo (de gobernante de facto), se estima que producto de las acciones ejecutadas por miembros del Ejército de Guatemala, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil, bajo su mando, dieron muerte a 1.771 personas", expone la acusación del Ministerio Público contra el general retirado y prominente político que durante las décadas posteriores a su derrocamiento ocupó varias veces la presidencia del Congreso y lideró el Frente Repúblicano Guatemalteco, un partido que llevó a la presidencia a Alfonso Portillo en el 2000.

Junto a Ríos Montt será procesado el que era jefe de inteligencia del ejército, el general retirado día 30 de enero se va a realizar la audiencia de presentación de prueba.

La apertura a juicio es también para José Mauricio Rodriguez Sánchez, otro general retirado que fue director de Inteligencia militar y quien se encuentra detenido en un hospital. Ríos Montt permanece en arresto domiciliario.

Entre los testimonios presentados al juez se encuentra el de Ana López, quién en mayo de 1982 fue sustraída de su domicilio por soldados y llevada contra su voluntad por diez días al destacamento militar de San Juan Cotzal, Quiché, donde fue torturada y violada.

Guatemala sufrió durante 36 años una cruel guerra entre el Ejército y la guerrilla que según un informe de Naciones Unidas provocó la muerte y desaparición de 200 mil personas.

Santos Saravia víctimas del conflicto dijo que es un fallo importante. "En mi comunidad todavía hay gente que participó y vive sin problemas. Además de la justicia queremos que nos apoyen con vivienda, con nuestros pollos que se llevaron, con el resarcimiento pues" dijo.

La también prominente política e hija del ex dictador, Zury Ríos, declaró apresurada al salir de la audiencia que "estamos agarrados de la mano de Dios. yo soy una mujer de fe, solo confió en la justicia de Dios".

Francisco Palomo, uno de los cuatro abogados del equipo de Ríos Montt, manifestó que "tenemos la obligación como defensores de impugnar las resoluciones, estamos pensado en algún amparo, sabíamos que esta resolución iba a ser así, era una resolución cantada por las presiones. Pero si el juicio es justo, maravilloso porque allí demostraremos que si pasó y que no pasó".

César Calderón, defensor de Rodríguez Sánchez, también anunció que interpondrá un amparo contra el fallo.

El ex ministro de Defensa y general retirado José Luis Quilo Ayuso, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra, dijo con lágrimas en los ojos que esperan un juicio justo, sin influencias mediáticas ni políticas y insistió en que los militares deben ser juzgados por militares.

Edgar Pérez, abogado de la Asociación por la Justicia y Reconciliación, que aglutina a víctimas del conflicto y son querellantes dentro del proceso dijo que estaban satisfechos por la que decisión del juez.

"Es un fallo histórico, por fin las víctimas podrán ver justicia, es un fallo muy bien fundamentado" dijo.

Al finalizar la audiencia las víctimas aplaudieron y a las afueras de tribunales se escucharon cohetillos y se instalaron altares con flores y fotografías de las víctimas de la guerra interna.

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